El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales

Desde su implantaci贸n, impulsada por el exministro de Justicia Alberto Gallard贸n, la pol茅mica medida ha sido combatida desde diferentes frentes. Hoy el TC ha declarado su inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola.
La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de julio de 2016, ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso (Rec. N潞 973/2013) presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, declarando inconstitucional la previsi贸n del art铆culo 7 de la ley, que en sus apartados 1 y 2 establec铆an las cuotas tributarias fijas y variables.
Las tasas afectadas son s贸lo las exigidas a las personas jur铆dicas, pues la reforma de la ley por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, eximi贸 del pago del tributo a las personas f铆sicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refer铆a a dichas tasas.
La sentencia es estimatoria parcialmente, por cuanto que considera que el establecimiento de tasas no vulnera en s铆 mismo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva del art铆culo 24 de la CE y, por tanto, los fines perseguidos por la Ley son constitucionales, pero s铆 considera que su cuant铆a -tanto la fija como la variable- es desproporcionada y puede producir un efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso imposibilitar que acudan a los Tribunales.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado don Santiago Mart铆nez-Vares Garc铆a, en concreto, el Tribunal anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prev茅n las siguientes cuotas fijas:
1) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso administrativo ordinario;
2) la de 800 euros para promover recurso de apelaci贸n y de 1.200 euros para los recursos de casaci贸n y extraordinario por infracci贸n procesal, en el orden civil;
3) la de 800 euros para el recurso de apelaci贸n y 1.200 euros para el recurso de casaci贸n en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo;
4) as铆 como tambi茅n la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicaci贸n y 750 para el de casaci贸n en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.
Tambi茅n ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota variable cuya cuant铆a ser谩 la que resulte de aplicar al valor econ贸mico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, seg煤n la siguiente escala: de 0 a 1.000.000鈧, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. M谩ximo variable: 10.000鈧.
El Pleno, desestima el recurso en todo lo dem谩s, es decir desestima la inconstitucionalidad de los art铆culos 1, 2, 3, 5, 6, y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Las personas f铆sicas ya estaban exentas
Uno de los hitos en la lucha para la eliminaci贸n de esta tasa se produjo por la aprobaci贸n de , que supuso la exenci贸n de tasas judiciales para las personas f铆sicas, el s谩bado 28 de febrero se public贸 el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducci贸n de carga financiera y otras medidas de orden social, cuyo art铆culo 11 establece la modificaci贸n de la Ley de Tasas para exonerar de las mismas a las personas f铆sicas: modificando el art铆culo 4, en el que se establecer铆a 芦Desde el punto de vista subjetivo, est谩n, en todo caso, exentos de esta tasa las personas f铆sicas禄.
驴Procede la devoluci贸n de las tasas cobradas?
La sentencia no ordena la devoluci贸n de las cantidades pagadas en relaci贸n con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resoluci贸n firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneraci贸n del art. 24.1 CE. De hecho, en este 煤ltimo supuesto, la ausencia de la impugnaci贸n de la tasa dio firmeza a la liquidaci贸n del tributo.
El Tribunal aclara en el Fundamento Jur铆dico 15, que, en virtud del principio de seguridad jur铆dica, la declaraci贸n de nulidad de las tasas s贸lo producir谩 efectos 鈥減ro futuro鈥, esto es, en relaci贸n con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya reca铆do una resoluci贸n firme.
El alto tribunal argumenta: 芦Tal situaci贸n (impedimento injustificado de acceso a la justicia) no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesi贸n del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devoluci贸n del importe pagado禄.
No vulnera en s铆 mismo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva
El Tribunal Constitucional considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los 贸rdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en s铆 mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); no incumple el mandato de sometimiento de la Administraci贸n al control judicial (art. 106 CE) ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE).
El legislador, explica la sentencia, tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Efecto disuasorio
Ahora bien, considera que la cuant铆a de las tasas (tanto la cuota fija como la variable) resultan desproporcionadas y, tal y como alegaban los demandantes, pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Para llegar a esta conclusi贸n, el Tribunal analiza los requisitos que la doctrina exige a las normas que, como la impugnada, limitan un derecho fundamental: la legitimidad de los fines perseguidos y la proporcionalidad de la medida legislativa.
Los fines perseguidos por la ley recurrida, afirma la sentencia, son constitucionalmente leg铆timos. As铆 ocurre con el primero de ellos, que es evitar las 鈥渟ituaciones de abuso鈥 que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilaci贸n de los procedimientos; y tambi茅n con el segundo, que es la financiaci贸n mixta de la Justicia. Respecto a este 煤ltimo, su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio p煤blico de la Justicia (entendido como dotaci贸n de medios materiales y personales), sino el 鈥渆jercicio de la potestad jurisdiccional鈥. A trav茅s de los procesos, en cada uno de los 贸rdenes jurisdiccionales, se materializa 鈥渁 diario la funci贸n que nuestra Constituci贸n encomienda con car谩cter exclusivo a los 贸rganos de un Poder del Estado (鈥) como es el Poder Judicial鈥.
Proporcionalidad de la medida
Sin embargo, la legitimidad de esta segunda finalidad no puede suponer la implantaci贸n de unas tasas excesivas que imposibiliten el acceso a la Justicia, garantizado en el art. 24.1 CE. Por ello, el Tribunal debe analizar tambi茅n la proporcionalidad de la medida. Seg煤n la doctrina constitucional, para que una medida legislativa se considere proporcionada, debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
En este caso, la medida no es id贸nea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos. De hecho, al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposici贸n de recursos abusivos 鈥渟e diluye para todo aquel que dispone de medios econ贸micos suficientes鈥; y, sin embargo, 鈥減erjudica (鈥) al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir鈥, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno. La imposibilidad de establecer un control previo sobre los recursos 鈥渘o puede justificar la imposici贸n indiscriminada de esa tasa, bajo el sustento de un prop贸sito disuasorio frente a una patolog铆a a fin de cuentas minoritaria鈥.
Adem谩s, nuestro ordenamiento ya preve铆a un instrumento disuasorio, como es el dep贸sito para recurrir. La sentencia concluye que la imposici贸n de la tasa no es id贸nea porque no cumple con su objetivo y porque no existen razones objetivas que justifiquen la imposici贸n de una nueva medida disuasoria por una supuesta falta de eficacia de los dep贸sitos.
Por el contrario, la imposici贸n de la tasa s铆 es una medida id贸nea para la consecuci贸n del segundo fin, el de la financiaci贸n mixta de la justicia. Y tambi茅n es necesaria, pues no hay, ni la alegan los recurrentes, una alternativa a la tasa para conseguir la finalidad de 鈥渇ijar una corresponsabilidad econ贸mica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realizaci贸n produce un coste para el Estado鈥.
Cuota fija en el orden contencioso
El 煤ltimo requisito que analiza el Tribunal es el de la proporcionalidad en sentido estricto. En el caso de la cuota fija exigida para iniciar un proceso en el orden contencioso administrativo (la demanda no contiene alegaciones sobre el orden civil, lo que impide al Tribunal pronunciarse), la sentencia advierte que en el acceso a esta jurisdicci贸n no solo est谩 en juego el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sino tambi茅n la 鈥渆fectividad鈥 de los mandatos de los arts. 103.1 y 106.1, ambos de la Constituci贸n, con los que se asegura el sometimiento de las Administraciones p煤blicas al control judicial de su actividad.
El efecto disuasorio de dichas tasas no queda anulado ni por el l铆mite establecido (no pueden superar el 50% la sanci贸n econ贸mica recurrida) ni por la reducci贸n del importe de la sanci贸n en caso de pago voluntario. Adem谩s, afirma la sentencia, los procesos del orden contencioso administrativo no se agotan en los recursos contra las multas. El Tribunal advierte, finalmente, de lo gravoso que resulta para el justiciable sumar, al pago de la tasa, los honorarios de abogado y procurador. Por todo ello, la tasa fija de 200 euros para la interposici贸n de un recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para el ordinario resultan desproporcionadas y por ello contrarias al derecho de acceso a la jurisdicci贸n.
Tasa exigida para recurrir
En cuanto a las tasas exigidas para la interposici贸n de los recursos, la sentencia considera que la justificaci贸n contenida en la memoria econ贸mica de la ley es insuficiente, pues se limita a se帽alar que es leg铆timo fijarlas en cuant铆as superiores a las de la primera instancia y que su recaudaci贸n no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia. A este respecto, la sentencia afirma, por un lado, que 鈥渆l objetivo de la financiaci贸n mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental鈥; y, por otro, que la cuant铆a de las tasas para recurrir resoluciones judiciales 鈥渘o atiende a la realidad econ贸mica de una mayor铆a significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva鈥, afirmaci贸n esta 煤ltima que el Tribunal realiza sobre la base de datos estad铆sticos oficiales relativos al sector del comercio. En consecuencia, esas tasan vulneran el derecho protegido por el art. 24.1 CE al poder disuadir la de la interposici贸n del recurso.
Cuota variable
Respecto a la cuota variable (segunda cantidad que se exige al justiciable en funci贸n de un determinado porcentaje sobre el valor econ贸mico del litigio), el Pleno considera que 鈥渆leva innecesariamente la carga econ贸mica鈥 sobre el recurrente sin que el legislador especifique a qu茅 criterio responde su exigencia. Por tanto, resulta inconstitucional por infringir el derecho fundamental de acceso a la jurisdicci贸n y al recurso.
Cronolog铆a de un pol茅mico tributo
La tasa judicial, ahora declarada inconstitucional, se configura como un tributo de car谩cter estatal que deb铆an satisfacer en determinados supuestos las personas jur铆dicas por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio p煤blico de la Administraci贸n de Justicia (art 3 de la Ley 10/2012).
En Noticias Jur铆dicas os hemos ido dando cuenta puntual de todos los acontecimientos que han tenido lugar alrededor de esta figura, desde su promulgaci贸n a su derogaci贸n, pasando por su modificaci贸n parcial en febrero de 2013 y la dimisi贸n del ministro de Justicia que las impuls贸.
La denominada tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 贸rdenes civil, contencioso-administrativo y social, entr贸 en vigor el 1 de abril de 2003, a trav茅s de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, y fueron exigibles tambi茅n a las personas f铆sicas hasta el 1 de marzo de 2015.
El denominado 芦tasazo禄 fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE, y fue origen de la auto denominada 芦Brigada Tuitera禄 que han luchado por la derogaci贸n total de esta tasa que a煤n deb铆an pagar las personas jur铆dicas. Incluso en el Congreso, se presentaron diverasan iniciativas mediante las que se solicit贸 la eliminaci贸n de las tasas para las pymes y las ONGs
Esta Ley fue modificada en dos ocasiones; la primera, por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero y, la segunda, por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. La novedad m谩s importante de esta segunda modificaci贸n fue la supresi贸n de la tasa judicial para las personas f铆sicas en todas las jurisdicciones e instancias.

**Publicado en: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11242-el-tribunal-constitucional-anula-las-tasas-judiciales/ 29/07/2016 11:11:31 | TASAS JUDICIALES